Esta decisión arbitraria, tomada por el Estado venezolano, incluso ha sido dirigida a quienes no completan los requisitos para salir de las instituciones, lo que representa una grave vulneración a los derechos laborales

En el último informe publicado por Monitor Salud, correspondiente al mes de julio, se evidencia cómo el Estado venezolano ha violado nuevamente los derechos de los trabajadores de la salud. En lo que va de año, han sido jubilados de manera forzada 49 dirigentes sindicales nacionales, seccionales y delegados, tanto obreros como empleados, pertenecientes al Sindicato de Hospitales y Clínicas y SunepSas.

El documento “Amenazas como respuesta a la crisis” refleja que esta medida arbitraria representa una flagrante violación a la cláusula 53 de la Convención Colectiva Marco Socialista para Regular el Proceso Social del Trabajo en la Administración Pública Nacional, que establece que los servidores y servidoras públicos que cumplan con los requisitos establecidos en la ley para adquirir el derecho a la jubilación, y estén ejerciendo funciones como dirigentes sindicales, podrán ser jubiladas y jubilados al término del periodo electoral por el cual fueron electos. 

De acuerdo con este artículo, cada dirigente electo por un trabajador no podrá ser jubilado, a menos que se llegue a un mutuo acuerdo, mientras que esté ejerciendo las funciones sindicales. Esta agresión demuestra que el Estado venezolano irrespeta sus propias convenciones, con las que, además, viola el derecho al trabajo.

Entre agosto de 2022 y julio de 2023 se ha registrado la jubilación de más de 20.000 trabajadores de la salud, de manera arbitraria y unilateral por parte del Estado. Una medida que demuestra el alcance para silenciar a quienes lo incomodan de alguna manera, y que no toma en cuenta de los más afectados, los pacientes.

Sigue la arremetida

El informe también deja ver las condiciones en las que están los centros de salud y el nivel de vulnerabilidad al que está expuesto el personal. En el monitoreo de 20 centros en la región occidental, 14 en la región central y 21 en la región oriental, se contabilizaron 142 amenazas, agresiones físicas o coacciones para renunciar durante el primer semestre de 2023.

Siendo la región central el área en la que se han registrado mayores casos de intimidación, sumando 60 acciones de este tipo en contra de los trabajadores del sector salud. En segundo lugar, está la región central, con 40 amenazas registradas, mientras que en el oriente del país el amedrentamiento se registró en 33 oportunidades.

Para conocer más sobre el informe “Amenazas como respuesta a la crisis”, realizado por Monitor Salud, ingrese aquí.