La presidenta de la Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela, Judith León, denunció que casi el 90 % de los laboratorios públicos del país están inoperativos, lo que representa un grave riesgo para la salud de los ciudadanos. Señaló que la última evaluación realizada por la organización reveló que sólo 16,28 % de los establecimientos pueden realizar análisis básicos de hematología, glicemia, urea y creatinina.

«Es lamentable tener que hacer esta aseveración porque es una realidad. Hemos venido denunciando la falta de insumos y materiales en los laboratorios públicos desde hace muchos años, pero la situación ha empeorado en los últimos años», dijo.

Explicó que estos factores impiden que los pacientes reciban el diagnóstico y tratamiento adecuado para sus enfermedades. «Cuando un ciudadano va a un laboratorio público y no puede realizarse los análisis que el médico le ha indicado, se está quedando sin la información necesaria para determinar su estado de salud», agregó.

León hizo un llamado al gobierno venezolano para que tome medidas urgentes para garantizar el funcionamiento de los laboratorios públicos. «El gobierno debe garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios de salud de calidad, incluyendo análisis», precisó.

Lejos de cumplir los ODS

La también representante de la Red Sindical Venezolana, aseguró que el país no cumple con los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la Organización de Naciones Unidas, en particular el objetivo número tres, que se refiere a la salud y el bienestar.

“Venezuela no va a cumplir esos requerimientos porque si no tenemos insumos y materiales para la atención en salud de los pacientes menos vamos a a lograr cumplir los objetivos de desarrollo”, afirmó.

Otro aspecto que afecta al sector salud es la migración forzada de los profesionales y los trabajadores, que han buscado en otros países mejores condiciones de vida y de trabajo. Esta situación ha provocado un déficit de recursos humanos en el área, que se agrava por las renuncias espontáneas de los que aún permanecen en el país debido a los bajos sueldos y salarios.

Además de la falta de insumos y condiciones laborales, manifestó la situación de los ciudadanos, que no cuentan con seguros públicos ni privados y que tienen que pagar de su bolsillo todo lo relacionado con el área de salud. Lo que viola la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece el derecho a la salud como un derecho humano fundamental.

“Todo tiene que salir de su bolsillo. Y si empezamos a ver lo que es la emergencia humanitaria compleja, no solamente son los trabajadores, es toda la ciudadanía que no tiene recursos ahorita económicos para esta situación que nosotros lo hemos calificado como una inducción de privatización de lo que es el sistema de salud”, expresó.

Otra política que ha afectado al sector salud es la jubilación exprés de los trabajadores sin solicitarlo, lo que ha dejado los servicios más solos que antes. Esto se suma al paro forzado de los servicios de bioanálisis, que son fundamentales para el diagnóstico y la atención de los pacientes.

“No solamente los servicios de bioanálisis, estamos hablando de rayos X, de la accesibilidad que debe tener para hacerse una tomografía, una resonancia magnética. Nada de esos servicios de diagnóstico están dados ahora. Todo tiene que salir del ciudadano, por supuesto produciendo un daño mayor a lo que se llama la garantía que debe tener el Estado como derecho a la salud y como parte del derecho de la vida”, destacó.

León expresó que en Venezuela la vida y la dignidad de los ciudadanos está comprometida y por eso es que han tomado la decisión, como defensores de los derechos y como trabajadores del sector salud, de visibilizar la situación de los centros asistenciales y de todo el personal de salud que se encuentra en los hospitales del país.

¿Y los trabajadores qué?

El personal de la salud también ha reclamado el respeto a sus derechos laborales, que se ven vulnerados por el Estado. Según la Constitución, los trabajadores tienen derecho a un salario digno, a la seguridad social, a la protección contra el despido injustificado, entre otros. “A cualquier trabajador del sector salud se le vulneran sus derechos laborales en su artículo 89 y en su artículo 91”, declaró.

La Federación de Bioanalistas de Venezuela ha propuesto al Ejecutivo nacional y al Ministerio del Poder Popular para la Salud un plan de recuperación integral de los servicios de análisis, que abarca aspectos de corto, mediano y largo plazo.

“La destrucción donde lo han llevado, porque son de años, estamos hablando que estamos denunciando la dotación de insumos y material en una primera fase desde el 2012. O sea, son unos cuantos años que venimos diciendo que va a pasar, que va a pasar hasta que llegamos donde teníamos que pasar y la mayor evidencia de que esto iba a pasar fue la llegada del COVID. Nos encontramos con unos servicios de análisis con capacidades limitadas, a lo cual tuvimos que hacer una serie de intervenciones porque tuvimos que ingresar a esos servicios de atención para el diagnóstico del COVID, no porque era obligado, sino porque era nuestra responsabilidad”, dijo.

También, han cuestionado la falta de información y transparencia por parte del Estado, que no publica el boletín epidemiológico desde el 2016 y que no ofrece datos sobre la situación de las enfermedades emergentes y reemergentes en el país.
Esto dificulta la generación de políticas de salud adecuadas y eficientes para enfrentar la crisis sanitaria. “Aquí no hay información de nada, todo es opacidad, no hay referencias ni indicadores, por lo tanto, como nosotros estamos dentro de estos servicios, sabemos cómo está la situación de atención en salud”, indicó.

Asimismo, han denunciado la criminalización y judicialización de la protesta pacífica, que es un derecho constitucional, pero que por parte del gobierno, se les acusa de generar odio y desestabilización.

“Cuando salimos a protestar, por supuesto tomando como elemento y referencia el artículo 68 de la constitución, que es la protesta pacífica, somos criminalizados y judicializados porque protestamos. Nosotros también somos afectados, porque somos usuarios de esos centros asistenciales, porque somos ciudadanos”, recordó.

Sin Sistema Público Nacional de Salud

León destacó la grave situación que atraviesa el Sistema Público Nacional de Salud en Venezuela, debido a la falta de insumos, materiales y políticas eficientes que garanticen el derecho a la salud de la población. “Esta es una situación a la cual no se le ha tenido atención por políticas ineficientes durante todos esos años que hemos transcurrido”, resaltó.

Indicó que desde 2012, cuando se implementó el sistema de control cambiario conocido como CADIVI, comenzó a disminuir la dotación de insumos, porque perjudicó la importación de los productos necesarios para el funcionamiento de los servicios de salud.

“El Ministerio del Poder Popular para la Salud debe diseñar políticas que vayan dirigidas a mantener esos establecimientos en condiciones óptimas para la atención al ciudadano”, explicó.

Además, señaló que no solo el sector de bioanálisis está afectado por la crisis, sino también otras áreas de la salud, como la hematología, la medicina, la enfermería, entre otras, que han denunciado la escasez de medicamentos, equipos, insumos y personal calificado para atender a los pacientes.

La bioanalista también compartió que la falta de recursos ha generado un mercado negro de insumos y materiales, que pone en riesgo la salud pública y la calidad de los servicios, y que aprovecha la necesidad de los pacientes y sus familiares de obtener los recursos necesarios para salvar sus vidas.

“Cuando hay necesidad se crean unos mecanismos perversos alrededor de la atención, por la necesidad del mismo paciente de obtener los recursos necesarios para salvar la vida de su familiar. Entonces las personas alrededor, consiguen eso, un mercado, como dicen por allí, que están emprendiendo. Hay muchos emprendedores cayendo en irregularidades y poniendo en riesgo el resguardo de la salud pública”, afirmó.